La aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales supuso un avance sin precedentes para la seguridad y salud laboral en España. Establece la obligación, entre otras, de que el empresario evalúe los riesgos de su empresa, planifique las acciones preventivas necesarias para minimizar esos riesgos, informe a sus trabajadores de los riesgos de sus puestos de trabajo y los forme sobre las maneras de afrontarlos. En definitiva, le exige que integre la actividad preventiva en la empresa.

También establece la necesidad de que documente todas estas acciones y las conserve a disposición de la autoridad laboral. Esta última necesidad ha significado que en ocasiones se malinterpreten las obligaciones impuestas por la legislación de prevención, contemplándolas como meros trámites administrativos, de tal forma que la evaluación de riesgos y demás acciones son “un documento que hay que tener” a disposición de la Inspección de Trabajo, para evitar sanciones. El fin es conseguir el “papel” que me dé tranquilidad ante lo que pueda ocurrir.

Nada más lejos de la realidad; el fin de la legislación de prevención de riesgos laborales es mejorar las condiciones de seguridad y salud de los puestos de trabajo, con el fin de evitar que se produzcan accidentes. La evaluación inicial de riesgos, la planificación de la acción preventiva... son las herramientas que me ayudarán a conseguir este objetivo.

Centrándonos en la legislación de máquinas, pueden buscarse diferentes documentos (marcado CE de las máquinas, de Declaración de conformidad...) con el fin de eludir responsabilidades en caso de accidente grave en su utilización, olvidando que el fin de la legislación vuelve a ser evitar accidentes en las máquinas. El empresario que desee no tener responsabilidades por los accidentes ocurridos en sus máquinas no sólo debe buscar papeles, sino asegurarse de que están protegidas con el fin de reducir al máximo la probabilidad de que los accidentes se produzcan.

Ya ha quedado claro que siempre que se compre una máquina nueva, ésta debe venir acompañada del marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. En muchas ocasiones, se piensa que todas las máquinas que dispongan de esta documentación poseen el visto bueno de la administración o algún organismo de control para ser comercializadas, cuando ya hemos visto que esto en realidad no es así.

Si recordamos cuál es el procedimiento a seguir para certificar la conformidad al Real Decreto 1644/2008, cuando una máquina no está dentro de las relacionadas en el Anexo IV del citado Real Decreto, es el propio fabricante quien, colocando el marcado y elaborando la declaración de conformidad (además de constituir el Expediente Técnico de la máquina y aplicar para certificarla un procedimiento de control interno), declara que su máquina es conforme a la normativa europea, sin que precise para ello la intervención de ninguna entidad u organismo externo a la empresa. Incluso si la máquina está incluida dentro del citado anexo, si el fabricante entiende que la ha fabricado conforme a normas armonizadas y completas, una de las posibilidades que le ofrece la norma consiste igualmente en elaborar el Expediente Técnico de la máquina y aplicar para certificarla un procedimiento de control interno. En ninguno de estos casos se revisa la máquina ni la documentación por parte de ninguna entidad externa a la empresa.

Tanto en un caso como en el otro, si el fabricante se ha equivocado, y la máquina no es tan segura como debiera, nadie le sacará de su error, ya que nadie ajeno a su empresa ha examinado su máquina, por lo que dependemos de la buena voluntad y conocimientos de las normas y reglamentación técnica por parte de los fabricantes para que sus máquinas sean realmente seguras.

Evidentemente, en el caso de que el fabricante comercialice una máquina que no cumpla el Real Decreto 1644/2008, porque haya marcado una máquina que presente riesgos que deberían estar protegidos, o incluso porque ni siquiera la haya marcado, incurrirá en responsabilidades legales que deberá afrontar él mismo, pero este incumplimiento en ningún caso exime de las responsabilidades que tiene el empresario con respecto a sus trabajadores.

Volvemos a recordar que el Real Decreto 1644/2008 es una normativa del Ministerio de Industria, que establece las condiciones que deben cumplir las máquinas para ser comercializadas, y el Real Decreto 1215/1997 es una normativa del Ministerio de Trabajo que establece las obligaciones específicas de los empresarios usuarios de máquinas, entre ellas las condiciones de seguridad que deben reunir las máquinas instaladas en los centros de trabajo.

En muchas ocasiones, se piensa que el Real Decreto 1215/97 sólo se aplica a las máquinas fabricadas antes del 1 de enero de 1995, ya que las máquinas fabricadas después de esta fecha sólo tienen que cumplir el Real Decreto 1644/2008 (y anteriormente el RD1435/1992), idea errónea ya que el Real Decreto 1215/97 se aplica a todas los equipos de trabajo instaladas en la empresa independientemente de su fecha de fabricación. Como el Real Decreto 1644/2008 y el RD1435/1992 son más restrictivos que el RD1215/97, si el fabricante cumplió con sus obligaciones al comercializar la máquina, en teoría ésta seguro que cumplirá las exigencias del RD1215/97; pero si el fabricante no cumplió con ellas (incurriendo en responsabilidad frente a las autoridades del Ministerio de Industria), el empresario que utilice la máquina tampoco cumplirá con las suyas respecto al Real Decreto 1215/97, incurriendo en responsabilidad frente a las autoridades laborales.

En realidad poco queda que comentar en este apartado que no se haya dicho ya. Simplemente debemos recordar nuevamente que todos los equipos utilizados en la empresa deben cumplir con las condiciones exigidas en el anexo I del Real decreto 1215/97 (art. 3.1), y que esta es una responsabilidad del empresario.

La función de Inspección de Trabajo es la vigilancia y control de la normativa de prevención de riesgos laborales; no tiene competencias en materia de Industria, sino de Trabajo, por lo que si observa que una máquina presenta riesgos importantes, su actuación será sobre el empresario que la utiliza. El hecho de que el usuario presente una declaración de conformidad de un equipo que ha provocado un accidente, y en el que se estime que ha habido una falta de medidas de seguridad, podrá ser un atenuante, pero nunca podrá servir para que eluda su responsabilidad. El empresario usuario podría aducir que compró una máquina que cumplía todos los requisitos formales, pero dado que tanto la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art. 16) como el Reglamento de los Servicios de Prevención (art. 4) establecen que deberán volver a evaluarse los puestos con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, esta falta de medidas de seguridad debería haber sido detectada y corregida.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que Inspección de Trabajo puede ordenar la paralización inmediata de un trabajo en el que estime que implica un riesgo grave o inminente para la seguridad y salud de los trabajadores (art. 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). Incluso, y antes de la intervención de Inspección de Trabajo, los representantes legales de los trabajadores, o los Delegados de Prevención, podrán acordar la paralización de los trabajos en ese caso de riesgo grave o inminente.

De darse este último supuesto, el perjuicio que pudiera causarse a la empresa usuaria del equipo podría ser muy grande (perdida de prestigio con el cliente, incumplimiento de plazos, o incluso la pérdida del cliente).